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KS16 de noviembre de 2026 / 5 min de lectura / Derecho de inmigración

La AIMA no responde: qué hacer cuando el proceso está parado

Plazos de decisión de la AIMA, solicitud de información, recibo de renovación, Defensor del Pueblo y acción judicial: las vías cuando el proceso no avanza.

Reloj de arena con la arena cayendo sobre una mesa

Información general, no sustituye el asesoramiento jurídico.

Presentó la solicitud ante la AIMA y guardó el comprobante. Pasan los meses y el portal sigue mostrando el mismo estado, sin notificación ni decisión.

Esta espera tiene efectos concretos. Un contrato de trabajo puede exigir un permiso válido; un viaje al país de origen queda aplazado sin fecha.

La ley portuguesa no permite que la Administración decida cuando quiera. Hay plazos fijados, y el silencio más allá de ellos tiene consecuencias jurídicas. Este artículo explica cuáles son esos plazos y qué vías abre la ley a quien espera.

Cuánto tiempo tiene la AIMA para decidir

La Ley de Extranjeros (Ley n.º 23/2007) fija plazos propios. La solicitud de concesión de autorización de residencia debe decidirse en 90 días. Ese plazo puede prorrogarse 30 días más, pero solo en circunstancias excepcionales y justificadas, y el solicitante debe ser informado de la prórroga (artículo 82.º, n.º 5).

La solicitud de renovación debe decidirse en 60 días (artículo 82.º, n.º 6). Hay además plazos especiales: en la reagrupación familiar, por ejemplo, la ley da a la AIMA nueve meses (artículo 105.º, n.º 1).

Los plazos de 90 y de 60 días se cuentan en días hábiles: se suspenden los sábados, domingos y festivos (artículo 87.º, letra c), del Código del Procedimiento Administrativo). Los plazos fijados en más de seis meses, como los nueve meses de la reagrupación familiar, incluyen esos días (letra d)). Saber en qué día empezó el cómputo es muchas veces el primer punto a analizar, porque depende de la fecha y de la forma en que se presentó la solicitud.

Cuando el plazo termina sin decisión, la ley lo llama incumplimiento del deber de decidir. Desde ese momento, el interesado puede utilizar los medios de tutela administrativa y judicial (artículo 129.º del CPA).

Un punto que cambió en 2026: la renovación ya no se considera concedida por el simple silencio de la AIMA. La norma que preveía esa estimación tácita fue derogada por la Ley n.º 62/2026 (antiguo artículo 82.º, n.º 7). El silencio no equivale a aprobación.

Primer paso: pedir información por escrito

Quien tiene un proceso pendiente tiene derecho a saber en qué punto está. El artículo 82.º del CPA garantiza al interesado la información sobre la tramitación del procedimiento: el servicio donde se encuentra, los actos y diligencias ya practicados, las deficiencias que deba subsanar y las decisiones adoptadas.

La ley fija un plazo máximo de 10 días para esa respuesta (artículo 82.º, n.º 3, del CPA). La petición debe hacerse por escrito y debe guardarse el comprobante de envío.

La respuesta, cuando llega, puede revelar un documento que falta y que nadie había comunicado. La falta de respuesta también cuenta: queda constancia de que el interesado intentó informarse y no fue atendido.

Mientras espera: el recibo de la renovación

Para quien pidió la renovación, el recibo de la solicitud produce los mismos efectos que el permiso de residencia durante 60 días, y ese plazo es renovable (artículo 78.º, n.º 7, de la Ley n.º 23/2007).

En la práctica, conviene comprobar la fecha de validez del recibo y gestionar su renovación antes de que termine. Viajar o firmar un contrato con un recibo caducado crea problemas evitables.

Queja al Defensor del Pueblo

La Constitución portuguesa permite presentar queja al Provedor de Justiça, el Defensor del Pueblo portugués, por acciones u omisiones de los poderes públicos (artículo 23.º, n.º 1). Ese derecho vale también para los extranjeros que se encuentren o residan en Portugal (artículo 15.º, n.º 1).

El Provedor examina la queja sin poder de decisión y dirige recomendaciones a los órganos competentes. Su actividad es independiente de los recursos administrativos y judiciales (artículo 23.º, n.º 2): la queja no sustituye una acción ante los tribunales.

La acción de condena a la práctica del acto debido

Cuando el plazo legal termina sin decisión, la vía judicial principal es la acción administrativa de condena a la práctica del acto debido. La Ley de Extranjeros establece que las acciones contra decisiones u omisiones de la AIMA siguen la forma de acción administrativa (artículo 87.º-B, n.º 1).

El Código de Proceso en los Tribunales Administrativos admite esta petición cuando no se ha dictado decisión dentro del plazo legal (artículo 67.º, n.º 1, letra a)). El tribunal puede condenar a la entidad a dictar el acto dentro de un plazo determinado (artículo 66.º, n.º 1). El contenido de esa decisión depende de que el solicitante cumpla los requisitos legales.

Hay un plazo que no puede olvidarse: en caso de inactividad de la Administración, el derecho de acción caduca un año después del fin del plazo legal de decisión (artículo 69.º, n.º 1, del CPTA). Esperar demasiado puede cerrar esta vía.

Cuando hay urgencia: intimación y medida cautelar

La intimación para la protección de derechos, libertades y garantías es un proceso urgente. El CPTA la admite cuando una decisión rápida es indispensable para asegurar el ejercicio, en tiempo útil, de un derecho, libertad o garantía, y una medida cautelar no es posible o suficiente (artículo 109.º, n.º 1).

Frente a la AIMA, la Ley de Extranjeros añade un requisito: hay que demostrar, con pruebas, que la actuación u omisión compromete de forma grave y directa el ejercicio de esos derechos en tiempo útil (artículo 87.º-B, n.º 2). El juez puede además ponderar, si se solicita, el volumen de procesos y los medios de la AIMA (n.º 3). Por eso, la prueba concreta del perjuicio pesa mucho en esta petición.

Fuera de estos casos, quien tiene legitimación para interponer la acción puede pedir medidas cautelares que aseguren la utilidad de la sentencia (artículo 112.º, n.º 1, del CPTA).

Qué reunir antes de actuar

  • El comprobante de presentación de la solicitud, con la fecha.
  • El recibo y los comprobantes de pago de las tasas.
  • Todas las comunicaciones con la AIMA: correos electrónicos, peticiones de información, respuestas y capturas del portal con fecha.
  • Copia de los documentos presentados.
  • Prueba del perjuicio concreto de la espera: contrato de trabajo, oferta de empleo, viaje necesario, matrícula escolar, familia en el extranjero.

Con estos documentos ordenados, es posible saber en qué fecha terminó el plazo legal, si el plazo de un año para la acción sigue corriendo y si hay fundamento para una petición urgente.

Cada proceso tiene sus fechas

La vía correcta depende de fechas y documentos: cuándo entró la solicitud, qué plazo se aplica, si ya terminó, qué perjuicio está causando la espera. Un error en ese cómputo puede significar una acción presentada demasiado pronto o demasiado tarde.

Legislación citada

  • Ley n.º 23/2007, de 4 de julio (Ley de Extranjeros), artículos 78.º, n.º 7, 82.º, n.os 5 y 6, 87.º-B, n.os 1 a 3, y 105.º, n.º 1, en la redacción de la Ley n.º 62/2026, de 10 de septiembre.
  • Código del Procedimiento Administrativo (Decreto-ley n.º 4/2015, de 7 de enero), artículos 82.º, 87.º, letras c) y d), y 129.º.
  • Código de Proceso en los Tribunales Administrativos (Ley n.º 15/2002, de 22 de febrero), artículos 66.º, n.º 1, 67.º, n.º 1, letra a), 69.º, n.º 1, 109.º, n.º 1, y 112.º, n.º 1.
  • Constitución de la República Portuguesa, artículos 15.º, n.º 1, y 23.º, n.os 1 y 2.

Kelly Soares, abogada colegiada en Portugal y en Brasil (OA 51781P · OAB 188608), con más de 14 años de ejercicio de la abogacía y actuación en Derecho de Inmigración, despacho en Oporto y atención a distancia.

Este artículo tiene carácter informativo y no sustituye el análisis del caso concreto.

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