Información general, no sustituye el asesoramiento jurídico.
Llega la carta de la AIMA y la palabra que salta a la vista es "denegado". Muchas veces, en la misma notificación, viene un plazo para salir de Portugal.
Desde ese momento, cada día cuenta. Los plazos para reaccionar empiezan a correr con la notificación, y algunos son cortos.
Este artículo sigue el camino en el orden en que sucede: lo que ocurre antes de la decisión, cómo leer la notificación, qué medios existen para impugnarla y en qué plazos.
Antes de la decisión: la audiencia previa
Antes de decidir en contra del solicitante, la Administración debe oírlo e informarle del sentido probable de la decisión (artículo 121.º, n.º 1, del Código del Procedimiento Administrativo).
La notificación para la audiencia incluye el proyecto de decisión y los elementos necesarios para comprenderlo, e indica dónde puede consultarse el expediente (artículo 122.º, n.º 2). El plazo para responder no puede ser inferior a 10 días (n.º 1), contados en días hábiles.
Muchas denegaciones se evitan en esta fase. La respuesta debe rebatir el fundamento concreto del proyecto y aportar el documento o la prueba que falta.
Cómo leer la notificación de denegación
La denegación debe notificarse con sus fundamentos, con la indicación del derecho de impugnación judicial y del plazo correspondiente (artículo 82.º, n.º 8, de la Ley n.º 23/2007).
Tres elementos merecen atención inmediata: el fundamento, es decir, el requisito que la AIMA considera incumplido; la fecha de la notificación, desde la que se cuentan los plazos; y el plazo fijado para abandonar el país, que la ley sitúa entre 20 y 30 días (artículo 138.º, n.º 1).
El fundamento orienta la elección del camino. Un documento que la AIMA no tuvo en cuenta exige una respuesta distinta de una discrepancia sobre la interpretación de la ley.
La reclamación
La reclamación se dirige a quien dictó el acto (artículo 191.º, n.º 1, del CPA) y, salvo que la ley fije otro plazo, se presenta en 15 días (n.º 3), contados en días hábiles.
Es el medio adecuado cuando el error es evidente, por ejemplo un documento presentado que no se tuvo en cuenta.
La reclamación no suspende, por sí sola, los efectos de la decisión (artículo 189.º, n.º 2). La suspensión puede pedirse en cualquier momento y debe decidirse en cinco días (n.º 3).
El recurso jerárquico
El recurso jerárquico se dirige al órgano superior de quien decidió (artículo 193.º, n.º 1, del CPA). Cuando es facultativo, puede interponerse dentro del plazo de la acción judicial; cuando la ley lo hace necesario, el plazo es de 30 días, salvo regla distinta (n.º 2).
Al igual que la reclamación, el recurso facultativo no suspende automáticamente la decisión, pero la suspensión puede pedirse en los mismos términos (artículo 189.º, n.os 2 y 3).
Reclamar o recurrir no hace perder el plazo judicial
Una duda frecuente es si, al reclamar o recurrir, se pierde el plazo para acudir al tribunal. La ley responde que no: los medios de impugnación administrativa facultativos suspenden el plazo de la acción, que solo vuelve a correr con la notificación de la decisión sobre la impugnación o con el fin del plazo legal para dictarla (artículo 190.º, n.º 3, del CPA).
Esa suspensión no impide que, al mismo tiempo, se interponga la acción o se pida una medida cautelar (artículo 190.º, n.º 4).
La acción ante el tribunal administrativo
Las acciones contra decisiones de la AIMA siguen la forma de acción administrativa (artículo 87.º-B, n.º 1, de la Ley n.º 23/2007). Ante una denegación, la petición típica es la condena a la práctica del acto debido (artículos 66.º y 67.º, n.º 1, letra b), del Código de Proceso en los Tribunales Administrativos).
El plazo es, por regla general, de tres meses (artículos 69.º, n.º 2, y 58.º, n.º 1, letra b), del CPTA). Este plazo se cuenta de forma continua, y su término pasa al primer día hábil siguiente cuando cae en vacaciones judiciales o en un día en que los tribunales están cerrados (artículo 58.º, n.º 2).
En los tribunales administrativos es obligatorio actuar con abogado (artículo 11.º, n.º 1, del CPTA).
¿Y el plazo para salir del país?
El plazo de abandono, entre 20 y 30 días, puede prorrogarse por resolución del director nacional de la PSP (Policía de Seguridad Pública). La decisión tiene en cuenta, entre otros factores, la duración de la estancia, los hijos escolarizados, otros miembros de la familia y los lazos sociales (artículo 138.º, n.º 3, de la Ley n.º 23/2007).
Para frenar los efectos de la denegación mientras se discute la decisión, hay dos vías: la petición de suspensión a la propia Administración (artículo 189.º, n.º 3, del CPA) y la medida cautelar ante el tribunal (artículo 112.º, n.º 1, del CPTA). El tribunal adopta la medida cuando hay fundado temor de un hecho consumado o de perjuicios de difícil reparación y es probable que la acción principal prospere (artículo 120.º, n.º 1).
Qué reunir justo después de la notificación
- La notificación y la prueba de la fecha en que se recibió: sobre, acuse de recibo o correo electrónico.
- Copia del expediente, que puede consultarse, y de todos los documentos presentados.
- La prueba del requisito que la AIMA consideró incumplido.
- Documentos de la vida en Portugal: contrato de trabajo, domicilio, colegio de los hijos, familia. Cuentan para la prórroga del plazo de abandono y para una eventual medida cautelar.
La elección entre reclamar, recurrir o acudir al tribunal depende del fundamento de la denegación y de las fechas. Leer la notificación el mismo día en que llega da margen para elegir el camino correcto.
Legislación citada
- Código del Procedimiento Administrativo (Decreto-ley n.º 4/2015, de 7 de enero), artículos 121.º, n.º 1, 122.º, n.os 1 y 2, 189.º, n.os 2 y 3, 190.º, n.os 3 y 4, 191.º, n.os 1 y 3, y 193.º, n.os 1 y 2.
- Ley n.º 23/2007, de 4 de julio (Ley de Extranjeros), artículos 82.º, n.º 8, 87.º-B, n.º 1, y 138.º, n.os 1 y 3, en la redacción de la Ley n.º 62/2026, de 10 de septiembre.
- Código de Proceso en los Tribunales Administrativos (Ley n.º 15/2002, de 22 de febrero), artículos 11.º, n.º 1, 58.º, n.os 1 y 2, 66.º, 67.º, n.º 1, letra b), 69.º, n.º 2, 112.º, n.º 1, y 120.º, n.º 1.
Kelly Soares, abogada colegiada en Portugal y en Brasil (OA 51781P · OAB 188608), con más de 14 años de ejercicio de la abogacía y actuación en Derecho de Inmigración, despacho en Oporto y atención a distancia.
Este artículo tiene carácter informativo y no sustituye el análisis del caso concreto.
KS